Un año después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, el país sigue enfrentando profundas divisiones políticas y una creciente crisis económica y social. Las denuncias de fraude por parte de la oposición, que alegó irregularidades en los resultados y presentó actas que mostraban el triunfo de Edmundo González, no han sido resueltas y la situación sigue siendo motivo de tensión. A pesar de la falta de transparencia y la crisis de legitimidad que rodea al gobierno de Nicolás Maduro, el chavismo ha mantenido un poder casi absoluto en el país.
Los comicios locales y regionales de este año se han caracterizado por una fuerte abstención, especialmente entre la oposición, que ha llamado a sus seguidores a no participar en los procesos electorales. Esto ha permitido que el oficialismo consolidara su control sobre la mayoría de los estados y municipios del país. Sin embargo, el control político del gobierno se ha visto acompañado de un aumento de la represión, la inflación y la devaluación de la moneda nacional, afectando directamente a los ciudadanos venezolanos.
Efectos financieros y la competencia por la extracción de petróleo
Uno de los aspectos más afectados por la crisis política es la economía venezolana, que continúa sufriendo los efectos de las sanciones internacionales, la caída de los precios del petróleo y la falta de inversión. Tras la disputa por la legitimidad de los resultados de las presidenciales, la administración de Donald Trump decidió anular la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, lo que afectó directamente la producción de petróleo del país, vital para su economía.
Sin embargo, recientemente, Trump decidió revertir esta medida, lo que podría tener un impacto positivo en la producción petrolera. Aunque algunos expertos sugieren que la recuperación de la producción no será significativa debido a la marcada caída de los últimos años, la medida podría ayudar a estabilizar parcialmente la economía venezolana. A pesar de este repunte, los expertos apuntan que los detalles sobre la implementación de la licencia siguen siendo inciertos, y no está claro si incluirá también a otras empresas extranjeras como Eni de Italia o Repsol de España.
La venta de petróleo venezolano, principalmente a China, ha sido otro factor determinante en la economía. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos han obligado a Venezuela a vender su crudo a precios más bajos y a asumir mayores costos de transporte y seguro. Esto ha reducido aún más los ingresos del país, lo que se refleja en la devaluación del bolívar y la alta inflación, que han afectado particularmente a los trabajadores del sector público y a los jubilados. El salario mínimo sigue siendo insuficiente para cubrir la canasta básica, lo que agrava aún más las condiciones de vida de la población.
El uso del miedo y la represión como instrumentos de dominio político
Otro efecto evidente de la situación política en Venezuela es el ambiente de temor que se ha instaurado en la población. La represión de las manifestaciones, que surgieron tras los disputados resultados de las elecciones presidenciales, resultó en miles de detenidos, entre ellos niños y adolescentes, muchos de los cuales fueron acusados de «terrorismo» y enfrentaron procesos judiciales que se consideran arbitrarios y con motivaciones políticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado el empleo de lo que llama «terrorismo de Estado», indicando que las detenciones fueron principalmente arbitrarias y no se respetaron los procedimientos legales.
En este entorno opresivo, los ciudadanos de Venezuela enfrentan la continua posibilidad de ser detenidos sin aviso previo ni comunicación con sus seres queridos o representantes legales. Las desapariciones forzadas se han vuelto una táctica habitual, provocando un ambiente de incertidumbre y desalentando la implicación en asuntos políticos y sociales. Muchas personas sienten miedo de hablar en público, unirse a manifestaciones o incluso discutir temas políticos, debido al miedo de ser capturados.
Este temor ha reducido aún más la fuerza de la oposición, que ha visto a sus líderes más prominentes obligados a exiliarse o a ocultarse. María Corina Machado, una de las personalidades más destacadas de la oposición, ha instado repetidamente a la abstención, señalando que el camino electoral en Venezuela está bloqueado debido al dominio total que tiene el chavismo sobre el sistema político.
La crisis del sistema electoral y la desconfianza generalizada
La desconfianza en el sistema electoral de Venezuela se ha agudizado, no solo debido a la falta de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, sino también a la manipulación de los comicios locales y regionales. A pesar de los intentos del oficialismo por mostrar una imagen de democracia, los datos demuestran que la participación en las elecciones ha sido muy baja. En las recientes elecciones legislativas y regionales de mayo, solo el 25% de los votantes se presentaron a las urnas, un reflejo de la apatía generalizada y el rechazo de la oposición al proceso electoral.
El chavismo ha aprovechado este desinterés y la baja participación para ampliar su control sobre las instituciones del país. Maduro se ha jactado de su «victoria histórica» tras ganar 285 de los 335 municipios en las elecciones locales, lo que demuestra el nivel de control que el oficialismo ha logrado en el país. Sin embargo, la manipulación del sistema electoral ha generado un creciente rechazo tanto dentro como fuera de Venezuela.
La desconfianza en el sistema electoral también ha contribuido al rechazo de la oposición a participar en futuras elecciones. Los líderes opositores, como María Corina Machado, han advertido que la única forma de cambio en Venezuela será a través de una alternativa que no dependa del proceso electoral controlado por el gobierno.
Un año de crisis política, económica y social
Un año tras las elecciones presidenciales de 2024, Venezuela permanece sumida en una crisis de múltiples dimensiones. A pesar de que el chavismo mantiene un dominio total sobre el poder, la crisis de legitimidad continúa, y la población vive en un ambiente de represión, temor y desconfianza. La economía sigue deteriorándose, con una inflación descontrolada, una devaluación persistente del bolívar y una producción petrolera que no logra recuperarse de manera apreciable. Mientras tanto, la oposición se encuentra debilitada y fragmentada, y el futuro político de Venezuela sigue siendo incierto.
