El Caribe se ha convertido en un destino codiciado no solo por sus paradisíacas playas y estilo de vida relajado, sino también por una práctica cada vez más común: la obtención de ciudadanía a través de la compra de propiedades inmobiliarias. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía ofrecen programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), permitiendo a los compradores obtener un pasaporte caribeño con tan solo adquirir una propiedad que, en algunos casos, comienza en los 200,000 dólares.
La actividad, que ha aumentado notablemente en años recientes, atrae sobre todo a personas de naciones como Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China, y se ha intensificado debido a la creciente inestabilidad política y social, especialmente en EE.UU. Estos programas no solo brindan el beneficio de obtener una nueva ciudadanía, sino que también permiten acceso sin necesidad de visa a más de 150 países, incluyendo el Reino Unido y la zona Schengen, lo que incrementa significativamente su atractivo para ciudadanos internacionales.
Un mercado inmobiliario en auge y la búsqueda de seguridad
Según informes recientes, las agencias inmobiliarias en Antigua están luchando para satisfacer la creciente demanda de propiedades de lujo, en su mayoría compradas con la intención de obtener la ciudadanía. Nadia Dyson, de Luxury Locations, una de las principales agencias de bienes raíces en Antigua, asegura que hasta el 70% de sus compradores buscan específicamente la ciudadanía a través de su inversión. La gran mayoría de estos compradores provienen de Estados Unidos, donde las tensiones políticas internas y la preocupación por la seguridad han aumentado el interés por estos programas de inversión.
El cambio en las tendencias de compra se ha hecho evidente. En el pasado, muchos compradores optaban por adquirir propiedades en el Caribe por razones de estilo de vida, pero ahora la adquisición de una propiedad se ha convertido en una forma directa de obtener una segunda nacionalidad, lo que permite a los compradores la libertad de moverse por el mundo sin restricciones. Dyson observa que, aunque el programa de Antigua no exige residencia, muchos compradores prefieren mudarse a tiempo completo a la isla.
La popularidad de estos programas radica en la facilidad que tienen las personas adineradas para adquirir una segunda ciudadanía sin renunciar a su nacionalidad actual, lo cual también es muy apreciado por los empresarios. Además, la ausencia de impuestos sobre las ganancias de capital, herencias e incluso sobre los ingresos en muchos de estos países, ha captado la atención de inversores a nivel mundial.
La influencia de la incertidumbre política y las ventajas de la ciudadanía
La demanda de pasaportes caribeños ha aumentado aún más desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje hicieron que los viajeros más acaudalados se dieran cuenta de la importancia de tener múltiples pasaportes para evitar restricciones internacionales. La política interna de EE.UU. ha sido otro factor clave. Tras las elecciones de 2020 y 2024, muchos estadounidenses vieron en los programas de CBI una forma de «respaldo» ante la creciente polarización política, como explicó Dominic Volek, de la consultora Henley & Partners, que ha documentado el auge de solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses.
Este fenómeno no es exclusivo de los ciudadanos estadounidenses; personas de otras partes del mundo también han recurrido a los programas de CBI del Caribe para tener acceso a una movilidad más fluida y, en algunos casos, para asegurar una «póliza de seguro» ante lo que consideran amenazas a sus libertades civiles y de viaje en sus países de origen.
Polémicas y preocupaciones internacionales
Aunque estos programas han crecido en popularidad, no han estado libres de controversias. En 2012, cuando Antigua inició la venta de pasaportes con el fin de estimular su economía, la idea recibió críticas de varios habitantes de la isla. Personas manifestaron su disconformidad en las calles, sosteniendo que se estaba «mercantilizando» la identidad nacional a cambio de dinero, lo que provocó una discusión ética sobre la comercialización de la ciudadanía.
Además, las autoridades de otros países del Caribe, que no tienen estos programas, por ejemplo, San Vicente y las Granadinas, han manifestado su descontento, y la comunidad internacional ha demostrado inquietud ante la posibilidad de que estos programas sean empleados para la evasión de impuestos o actividades ilegales. La Unión Europea y Estados Unidos han indicado que están observando los programas detenidamente, y han amenazado con eliminar los beneficios de acceso sin visado para los ciudadanos de los países caribeños si no se implementan medidas más rigurosas para controlar a los solicitantes.
Una oportunidad económica para ciertos, un reto para otros
Aunque estos programas han enfrentado críticas y preocupaciones a nivel internacional, diversos países caribeños que los han implementado sostienen su relevancia económica. El líder de Dominica, Roosevelt Skerrit, junto con su par de Santa Lucía, Philip J Pierre, han manifestado que los programas de CBI son claros y que las inversiones han sido vitales para el desarrollo de infraestructuras y el impulso económico en sus naciones. En el escenario de Antigua, los recursos obtenidos por la comercialización de pasaportes han sido esenciales para evitar la bancarrota del país y costear proyectos importantes, tales como hospitales y construcciones de infraestructura.
Aunque los ingresos derivados del programa CBI oscilan entre el 10% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en estos países, las autoridades de la región han tenido que encontrar un balance entre la generación de ingresos y la necesidad de asegurar que el procedimiento sea seguro y ético. Como respuesta a las preocupaciones internacionales, las islas del Caribe han implementado acciones para fortalecer la vigilancia sobre los solicitantes de ciudadanía, como la realización de auditorías periódicas y la implementación de entrevistas obligatorias.
Un balance cuidadoso entre el desarrollo económico y la ética
La ciudadanía por inversión ha pasado de ser una herramienta económica controvertida a un modelo que genera ingresos vitales para algunas naciones caribeñas. Mientras que para muchos es una vía atractiva para asegurar una mayor libertad de movimiento y estabilidad política, otros cuestionan las implicaciones éticas y de seguridad. El futuro de los programas de CBI dependerá de cómo los países caribeños manejen este equilibrio, con una supervisión más estricta y un enfoque que garantice la transparencia, mientras aprovechan los beneficios económicos de la venta de pasaportes.
