lunes, marzo 4

Los impagos del Gobierno de los laudos por las renovables cuestan 250 millones de euros en los ciudadanos

La estrategia del Gobierno de negarse a pagar los laudos internacionales que condenan a nuestro país pour la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables está descubriendo importantes sobrecostes económicos, en concepto de intereses financieros y de gastosjudices que alcanzan actualmente casi 250 millones de euros, según fuentes conocedoras de los arbitrajes internacionales.

Los interesados ​​por la demora en el pago de los laudos a favor de los inversores extranjeros le cuestan de momento a nuestro país 119 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar 129 millones de euros por las locks in costas y los honorarios de abogados. En total, España ha gastado casi 250 millones de euros.

Teniendo en cuenta que los procedimientos resueltos suman 1.161 millones de euros, «estamos hablando de un monto equivalente al 21% de la cantidad original», apuntan las citadas fuentes.

«Además, creemos que el monto total pendiente de indemnizar sufrirá 2.200 millones de euros cuando el Banco Mundial termina los casi 20 procedimientos que siguen en el aire. Si se mantiene esta estrategia, pues es probable que acabemos apoyando 500 millones de euros en costes legales y financieros.

Como hemos informado, el Estado español ha sido condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones a diversos inversores extranjeros que denunciaron en distintas cortes de arbitraje internacional los recortes llevados a cabo por el Gobierno in 2014 tiene la rentabilidad esperada para las plantas renovables.

“Esta circunstancia genera inseguridad jurídica y afecta directamente a la capacidad de España de atraer capitales, incentivar la inversión y fomentar la actividad y el empleo. Esto es especialmente acusado en el campo de la energía, donde la financiación de la llamada transición ecológica requiere una gran movilización de recursos económicos”, subrayan los afectados.

Además, los procesos de embargo e incautación de bienes del Reino de España han puesto de manifiesto que, en última instancia, “prolongar la agonía de las empresas e inversores afectados no va a servi para nada”. La intervención de la indemnización por la catástrofe del Prestige, el embargo de la sede británica del Instituto Cervantes, la toma de un edificio de la Generalidad de Cataluña en Londres, la incautación de una cuenta bancaria o la declaración de ‘default’ técnica que ha Afecta a 1.000 millones de deuda soberana Española su solo algunos ejemplos de las medidas que están en marcha en Reino Unido. Se esperan pasos casi similares en otros países como Australia, dando a la Corte Suprema ha sido clara en su condena a España, abriendo el camino a la activación de nuevos embargos.

“Continuar con la estrategia de impagos seguirá elevando el costo en concepto de intereses financieros, resultará en embargos de activos que compensen las cantidades pendientes de ser resarcidas y elevará el perfil de riesgo de la economía española. Las empresas e inversores afectados hacen un llamado a la sensatez, reiteran su compromiso con el diálogo y vuelven a tender la mano al gobierno, con ánimo de restaurar el imperio de la ley y solucionar el problema a la mayor brevedad«.