El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los operadores móviles más grandes de México, con $90.6 millones por prácticas que limitan la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores para bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel otorgó descuentos y beneficios a ciertos canales de venta y condicionó la venta de paquetes móviles a no comercializar productos de otras empresas competidoras. El regulador señala que esta estrategia comprometió los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que derivó en esta sanción comenzó en enero de 2021 y culminó con un informe de probable responsabilidad a fines del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado que apelará la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa negó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación. Las acusaciones contra la empresa se basaron en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector celular en México, operando aproximadamente el 58.7% de los 142.7 millones de líneas celulares registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la empresa reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT ha destacado la importancia de los reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción resalta el papel crucial que juegan estas entidades en la promoción de las condiciones de libre competencia en México, especialmente en un contexto en el que se discute la posible reforma encaminada a disolver entidades autónomas, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un gasto innecesario para el gobierno. Según el Presidente, estas instituciones no cumplen adecuadamente su propósito, habiendo recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría representar un revés para las industrias reguladas e impactar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó en términos generales el reglamento y la decisión final sobre la continuidad o disolución del IFT dependerá de la próxima sesión legislativa, que inició sus trabajos el 1 de septiembre. Con el partido gobernante asegurando una mayoría calificada, la situación del IFT y otros organismos autónomos se encuentra en un punto crítico.