El futuro de Celsa ya solo depende de la decisión del juego. Esta mañana el juzgado mercantil dos de Barcelona ha celebrado la última sesión de la vista para determinar si se acepta el plan de reestructuración presentado por los acreedores fondos de Celsa, que demanden capitalizar su deuda y controlar el grupo steelrúrgico, ahora en manos de la familia Rubiralta. En el juego, uno de los grandes de la industria española (10.000 empleados directos, 20.000 indirectos). La sentencia, no recurrente, se hará pública antes del 10 de septiembre.
Hoy, a modo de conclusiones, los abogados de los accionistas actuales y de los acreedores han vuelto a exponer sus líneas argumentales básicas. A grandes trazos, los primeros aseguran que el grupo es del todo viable, y que el mismo tiene una valoración de unos 6.000 millones de euros, es decir, muy por encima de la deuda total, que ronda los 3.300 millones. Por otro lado, los segundos aseguran que su plan lo que trata es de profesionalizar la gestión del grupo, qu’a su criterio no está asegurada con los Rubiralta en la parte delantera.
La principal divergencia está en la valuación del grupo, algo que la propiedad real significa que no se ha hecho de manera correcta. De hecho, aseguran que las mismas se realizaron sin consultar ni pedir datos a los actuales gestores. Del mismo modo, y para demostrar la solvencia de Celsa, han recordado que la empresa está pagando tiene provenedores “con absoluta normalidad”, recordando también los buenos resultados de 2022 (6.800 millones de facturación), apuntando además que 2023 transcurre según lo planificado.
El abogado defender ha asegurado que a los acreedores “no les interesa un acuerdo”, sino que quieren quedarse con el 100% propiedad del grupo Celsa. » Es un procedimiento de fraude al que han acudido para materializar unas plusvalías que llevan tiempo esperando”, confirmó Jaime Cano, representante legal de los socios de Celsa
Por su parte, la representación de los acreedores ha defendido que su plan de reestructuración cumple con todos los requisitos formales y legales exigidos ha habido un criterio, «el una opción única capaz de asegurar la viabilidad del Grupo en el corto y en el medio plazo y evitar el concurso”. “En caso de que nuestros planes sean homologados, es probable que Celsa se vea obligada a presentar un concurso, de modo que el grupo gane las deudas con los acreedores por valor de unos 3.000 millones de euros”, apuntan.
Del mismo modo, y tratando de disipar las dudas sobre su compromiso con la continuidad del grupo, aseguran que su plan es financiero, no operativo, por lo que “no están pronósticos ajustados en las plantillas ni deslocalizaciones de la producción de ningún tipo”.
Los acreedores llaman a una “valoración realista“, y recuerdan que si la empresa valiera 6.000 millones, como afirman los propietarios, habrían podido obtener financiación en el mercado o, alternativamente, “proceder a la sale de activos para pagar la deuda y no hubiera sido necesario llegar al punto en que nos encontramos ahora”.
