El Gobierno ha trasladado a la Inspección de Trabajo que inmediatamente activa un primer paquete de medidas para tratar de amainar la tensión de las últimas horas que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga de carácter indefinido a partir del próximo 26 de junio.

En concreto, el Ministerio de Hacienda ofrece activar de inmediato la incorporación de 781 efectos, entre inspectores y subinspectores, dentro del plan de refuerzo que ya se vino negociando con los sindicatos del colectivo. Además, se autoriza también para 2023 el pago del plus por productividad, que tendrá un coste de 6 millones de euros, además de iniciar los trabajos para la configuración de la próxima oferta pública de empleo con la que sepera dar un nuevo empujón a la plantilla del organismo

Con este movimiento, el Gobierno trata de mostrar el compromiso de refuerzo de los recursos humanos de la Administración además de diferentes niveles, así que reconoce que un mayor esfuerzo en términos de contratación puede llevar algo más de tiempo al tratarse de una oposición. “La convocatoria saldrá en las próximas fechas”, señalan las fuentes consultadas por ABC.

En esta misma línea, de hecho, se pronunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriváen la mañana del jueves señalando que esta negociación para fijar los términos del refuerzo «es un proceso entre los representantes de la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, que est el ministerio responsable» y aseguró que «hay que dejar tiempo a la negociación y que “a veces tienes este tipo de ruidos en procesos negociadores que se amplifican mucho”.

Con todo, el paquete de medidas que incluye los 781 contratos se completa con la autorización de los 6 millones de euros para la productividad más extraordinaria. This is a better retributive sumará a la subida salarial acordada a finales del ejercicio pasado por la cual las nominas de los funcionarios restaurarán un 2.5% este año -pudiendo llegar a alcanzarse una subida salarial del 9.8% en tres años si se cumplen las condiciones para los extras incluidos en el plan de revalorización.

Rechazo de los sindicatos

Sin embargo, pesa la reacción del Ministerio de Hacienda, del principal sindicato de la Función Pública, CSIF, las medidas no han caido con buen pie. Nada más lejos de la realidad, los representantes del colectivo mantienen el tiempo indefinido desde la proximidad 26 de junio y demanden al Gobierno que tomen medidas decididas para resolver el problema.

Miguel Ángel Montero, titular del CSIF de la Inspección de Trabajo, explicó a la salida de la reunión mantenida este jueves con el gabinete de la ministra María Jesús Montero, que fue la Secretaría de Estado de Empleo la que comunicó en la reunión sostuvo el miércoles que el Ministerio de Hacienda «no quiere implementar las medidas acordadas en el año 2022 para reforzar el sistema de la Inspección de Trabajo». Recuerdan que sólo cuenta con 3.000 trabajadores están encargados de garantizar los derechos laborales de todos los ciudadanos y Hacienda ha hecho “una oferta ridícula, indigna y miserable que evidentemente no aceptamos”.

“Tenemos que reconocer que el Ministerio de Trabajo no ha apoyado pero nos dicen que esto ya no depende de ellos, sino de la rama del PSOE del Gobierno. Toda la culpa y la responsabilidad es del Ministerio de Hacienda, digase el PSOE», aseveraba culpando del dislate al ala socialista del Gobierno. De este modo, asegura el representante de CSIF que la Inspección de Trabajo reafirmó en la necesidad de la convocatoria de medios de presión que están implementando y que llevarán a la huelga indefinida a partir del 26 de junio. “No podemos tener una Inspección de Trabajo en servicios mínimos constantes”, señala.