La Comisión Europea ha corregido este jueves al Gobierno y ha confirmado que el plan de recuperación y resiliencia española aprobado por Bruselas incluye el compromiso de adoptar una ley sobria de movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir de 2024, aun que hace apenas tres días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintiese “categóricamente”.
“Entiéndase que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga’”, confirmó en rueda de prensa el portavoz económico de la Comisión, Veerle Nuyts.
La medida fue anunciada esta semana por el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y posteriormente desestimada por la consejera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que daba por “zanjada” la polémica surgida en torno al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España y desmentía “categóricamente” que se fuera a pagar.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha confirmado que la medida figura en el plan que se aprobó tanto para Bruselas como para los Estados entramados y aparece ligado, en concreto, al desembolso del quinto tramo del plan, que asciende a más de 8.000 millones de euros.
«Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy», ha apostillado el portavoz de la Comisión.
Así lo recoge también el texto del plan al que Bruselas dio su visto bueno, donde se especifica que la medida tiene el objectivo de “internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gaz de efecto invernadero”.
