Tres años después de que empezaran las conversaciones en el seno del Gobierno de coalición para fraguar una norma que regulara el mercado del alquiler en España en forma de ley de vivienda, esta llegará por fin al Congreso de los Diputados. Lo hará con líneas bastante más duras de las que fijaron en el anteproyecto de ley aprobado en febrero del año pasado, tras las presiones de Unidas Podemos, Bildu y ERC en los últimos meses. Tres formaciones llave para sacar adelante una de las medidas estrella de la legislatura.
Este viernes, las formaciones separatistas han sido las que han anunciado un acuerdo que contemplan mayores intervenciones a los alquileres y nuevos castigos a los caseros. Medidas que el PSOE se había negado a firmar hace unas semanas, y más en concreto, el Ministerio de Economía, desde el primer momento opuesto a la perpetuidad de los topes a las subidas de los alquileres vigentes ahora mismo en el 2%. Finalmente, esto es lo que llegará como enmienda al proyecto de ley al Congreso, así como los límites a los alquileres tanto para grandes como pequeños propietarios. Así llegará la norma al Congreso:
Topes a grandes y pequeños propietarios ya nuevos contratos
El anteproyecto de ley de vivienda contemplaba que los topes al alquiler solo recayeran a los grandes propietarios mediante un índice de precios. Pero Bildu y ERC han dado una nueva forma a la norma. Los alquileres también serán limitados para los pequeños caseros en aquellas zonas que se denominan tensionadas.
La solicitud, eso sí, se distinguirá. Los límites se establecerán, según la modalidad del contrato y la propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. Los nuevos contratos que entren al mercado también serán topados, como así vendrá exigiendo Bildu y ERC como forma de que los casos no puedan disparar el precio del alquiler al entrar al mercado.
En términos concretos, se pueden aplicar los límites del índice de referencia a las nuevas prestaciones que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años, si así se establece en la declaración de zona tensionada.
redefinicion de gran tenedor
La definición de gran tenedor también bastará con un canje importante. Se rebajará de diez a cinco propiedades en los mercados que comunidades y ayuntamientos se justifiquen como tensionados.
Con el nuevo acuerdo, declarar una zona o barrio como tensionado será más fácil. Ahora, se podrá llevar a cabo cuando las autoridades locales y comunitarias puedan demostrar que el pago de la vivienda supone un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años.
Perpetuación de los topes a las subidas del alquiler
Las formaciones independentistas también tienen un arrancado un acuerdo para perpetuar los topes al alquiler y eliminar el IPC como referencia de subida anual de los contratos. Una medida que rige desde abril del año pasado con un límite de subida del 2% como parte de las medidas antiinflación del Gobierno. Ahora, se ha acordado que ese tope será del 3% en 2024 “y al incorporarse se creará un nuevo índice en este plazo”.
El casero se hará cargo de los gastos de agencia
Otros puntos revolucionarios de las enmiendas que se introducirán a la norma serán la correspondencia de los gastos de la agencia. Desde hace años, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se ha tomado por costumbre que la comisión de la inmobiliaria sea afrontada en la gran mayoría por los inquilinos. ERC y Bildu han pactado con Podemos y PSOE que tenga que ser el casero el que haga frente a este gasto.
Del mismo modo, otros gastos atribuibles al arrendador como los de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino “que no estuvieran acordadas previamente”. «Esto evita una posible vía el fraude de ley en el incremento de rentas bajo estas excusas», han señalado desde ERC.
También se habilitará la posibilidad de que los inquilinos que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad social o económica puedan obtener una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento de vivienda.