El vestíbulo de la estación de Metro de Jarama fue hace dieciséis años el epicentro de la fiesta. Hubo charanga, platos de paella para repartir entre las decenas –o centenares– de personas que se concentraban alrededor de una boca del suburbano, una chocolatada y hasta un concierto de Antonio Carmona. El motivo de la verbena no era otro que la llegada de Metro a Coslada y San Fernando de Henares. Un párroco, recuerdan las crónicas, se afanaba en bendecir la nueva parada. Era el día 5 de mayo de 2007, marcado a fuego en algunas memorias, y Esperanza Aguirre saludaba a todos los que la vitoreaban, que no eran pocos. Esos vecinos que entonces aplaudían desconocían que la faraónica obra de ampliación de la línea 7 se convertiría, para muchos, en una condena.
Dieciséis años han pasado y el vestíbulo de Jarama no ha vuelto a ser escenario de un jolgorio semejante. Es más, desde hace un año (24 de agosto de 2022) la estación –junto a la del Henares y la del Hospital del Henares– permanece cerrada a cal y canto. La Comunidad de Madrid ordenó el cese del servicio, por novena vez en su historia (casi como si se tratase del día de la marmota), para realizar tareas de consolidación de terreno. Las obras, 365 días después, continúan y, según ha podido saber este diario, no llegarán a su fin hasta el segundo semestre de 2024.
La reapertura del servicio, si se cumplen los plazos estimados por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que dirige Jorge Rodrigo –supeditados siempre a conseguir la estabilización y seguridad de la zona afectada por filtraciones–, llegará un año más tarde de lo previsto.
Desde que las máquinas regresaron a San Fernando de Henares el verano pasado, a esa manzana podrida que conforman las calles de la Presa, Rafael Alberti, Pablo de Olavide y Ventura de Argumosa, la Comunidad de Madrid no se ha atrevido a dar una fecha concreta para que los trenes volviesen a ponerse en marcha. El objetivo, mediante inyecciones en el suelo, es que este deje de hundirse bajo los pies de los ciudadanos.
Tan solo a principio de 2023, el entonces responsable del área, David Pérez, confiaba en restablecer el funcionamiento de la línea 7B cuando este año llegase a su fin, pero la realidad ha demostrado que no podrá ser así.
«Trabajamos tanto en la consolidación y estabilización de los viales como del terreno. También en el drenaje de la estación de Metro de Hospital del Henares y en la impermeabilización del túnel mediante pantallas«, explican desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras respecto a las labores que se ejecutan en la actualidad, y subrayan: »El servicio de Metro volverá a prestarse en toda la línea 7 en el segundo semestre de 2024«.
A esto se unen la ejecución de inspecciones y limpieza de colectores; instalación de trasvase de agua de un pozo a otro de los existentes en esa zona que recorre el Metro, y el control de auscultación automática en la superficie y el túnel para estabilizar y darle firmeza al suelo.
Cuando las obras comenzaron, el verano pasado, al ser la novena vez que obligaban a la paralización del servicio, hubo quienes se inclinaban por que ese fin temporal se convertiría en definitivo. Entre ellos, muchos vecinos y afectados, que calificaron las obras de «un nuevo parche», tal y como ocurrió las anteriores veces que las máquina e inyectores de cemento tomaban el lugar. El suelo, debido al agua que acumulaba y la porosidad, volvía a ceder. El Gobierno regional desecha esa idea de cierre definitivo, por la que muchos abogaban, y confía en que los motores se enciendan de nuevo en 2024.
Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares aseguran que no tienen constancia oficial por parte de la Comunidad de Madrid sobre la reapertura de la línea 7B, aunque sí esperan que la comunicación entre las administraciones sea «frecuente y fluida», algo «muy necesario para la resolución de esta grave problemática que la localidad arrastra«. »No como sucedió en la pasada legislatura, marcada por una nula interlocución política por parte del anterior consejero«, critican. El alcalde, Javier Corpa, y el nuevo responsable de Transportes, Rodrigo, ya han mantenido una reunión »cordial«, que se celebró a principios de julio.
Pero, aunque el servicio se retome y las estaciones vuelvan a activar sus tornos, en la zona cero de San Fernando nada volverá a ser igual. En las calles de la Presa, Rafael Alberti y Olavide ya no habrá viviendas ni edificios de unas tres alturas. La Comunidad de Madrid ha proyectado una gran zona verde en esa superficie afectada de 10.000 metros cuadrados, en la que se están invirtiendo más de 10 millones de euros para reforzar y hacer seguro el terreno que se iba derrumbando a consecuencia de las filtraciones de agua de un pozo de ventilación en las instalaciones de Metro.
Un centenar de desalojados
Ahí el suelo se abría, literalmente, bajo los pies y casas de ciudadanos. Casi un centenar de vecinos de San Fernando de Henares han sido desalojados –existen más de 76 expedientes de responsabilidad patrimonial abiertos– y una decena de viviendas han tenido que ser derribadas tras declararse en ruinas e inhabitables. Se caían como si de naipes se tratase a consecuencia de haber cometido hace dieciséis años la obra.
A estas se unen otras 14 viviendas de la calle de Olavide que, todavía en pie, ya han recibido la orden de ruina. La agonía en San Fernando de Henares, aunque quieren confiar en que los trabajos en el terreno y las soluciones esta vez funcionarán, parece que no ha terminado; y los que allí resisten temen que sus inmuebles se vean también perjudicados, como ha ocurrido con los de sus vecinos.
«Donde antes estaba nuestra casa es ahora un campo de guerra, con una docena de máquinas allí metidas. Inyectan e inyectan para que las grietas dejen de salir, no pueden parar porque si no se vendría todo abajo«, explica Eva Medina, portavoz de la plataforma de afectados. Su edificio fue reducido a escombros hace casi año y medio y ahora no es más que una explanada de cemento.
Ella, junto a los moradores de otras nueve viviendas ya venidas abajo, están esperando cobrar la indemnización por perder sus hogares. La consejería marcó como fecha tope para el pago el 30 de septiembre, estando todavía en plazo, con cantidades que oscilan entre los 10.000 y 63.000 euros por conviviente, pudiendo llegar hasta los 350.000. Mientras eso arriba para algunos de los afectados, otros confían en no correr la misma ‘suerte’ que sus vecinos y que las infiltraciones, esta vez sí, sirvan, antes de que los trenes vuelvan a aceptar viajeros el próximo año.