El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, (Ciadi), ha emitido una nueva resolución condenatoria contra la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las empresas que invirtieron en España para desarrollar proyectos de energías renovables.
El laudo coincide con el Caso Infracapital existe la obligación de indemnizar a la sociedad con el pago de 24,9 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar la condena al pago del 60% de las costas legales, así como el pertinente abono de los intereses de demora.
La solicitud fue realizada por Infracapital es de 2016. La empresa fue reclutada para su defensa al despacho londinense Gibson, Dunn & Crutcher, así como a la oficina madrileña del bufete Allen & Overy. El tribunal qu’ha resuelto el caso fue presidido por el jurista mexicano Eduardo Siqueiros. Tras años de deliberaciones, el proceso concluyó el pasado mes de febrero, mientras que la redacción de la sentencia se completó en abril y la publicación definitiva del fallo se ha producido ahora.
El Ciadi, tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial, ha resultado en un gran proceso y ha visto invocar los mismos fundamentos de derecho que resultaron en un total de 21 esclusas en España, que suman ahora 1.186 millones de euros.
Sin embargo, a esta cifra hay que sumarle los cerca de 250 millones de sobrecostes legales y financieros “derivado de la estrategia jurídica del Gobierno de Pedro Sánchez consiste en no pagar estas resoluciones, plantación que ha situado a España como el segundo país con mayor número de laudos incumplidos, sólo por detrás de Venezuela«, subrayan fuentes de los afectados.
El Banco Mundial se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para pedirle que acate las sentencias, cumpla con sus obligaciones y “acabe con la grave situación de inseguridad jurídica que está descubriendo esta lamentable situación, impropia de una democracia avanzada”.
Como es hábil, las compañías afectadas por esta circunstancia están litigando ante la justicia de diversos países, entre ellos Reino Unido y Australia, con ánimo de resarcir el efecto de los impagos y compensarlo a través de la Incautación de bienes soberanos del Estado English. Estos ya procesos han intervenido la sede londinense del Instituto Cervantes ou los derechos de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco Prestige. También se han intervenido cuatro emisiones de deuda pública, que han pasado estar en situación de ‘default’ técnico con el consecuente impacto para la financiación del Tesoro.
Aunque desde la Administración subraye que la sede del Cervantes en Londres no podría ser embargada por estar en régimen de alquiler, fuentes conocedoras de estos arbitrajes explican que “se embarcó en el contrato y se desaloja a la propiedad, pasando a ostentar el alquiler la empresa beneficiaria de la incautación“.